El Ministerio de Hacienda ha presentado una propuesta a las comunidades autónomas para que su déficit conjunto para el próximo año se sitúe en el 0,1%. Esta medida, que ha sido confirmada por fuentes del Gobierno, podría significar un aumento significativo de recursos para estas administraciones. Según la senda fiscal vigente, se establece un objetivo de superávit para las autonomías equivalente al 0,1% del PIB en 2026. Si esta propuesta es finalmente aprobada por las Cortes, el cambio en el déficit implicaría un margen fiscal para las comunidades de al menos 3.280 millones de euros, tomando en cuenta el PIB proyectado al cierre de 2025.
El Ministerio de Economía también tiene planes de actualizar su previsión de crecimiento económico, elevando la cifra del 2,7% al 2,9%. Esto significaría que el PIB cerraría el año en torno a los 1,64 billones de euros. Sin embargo, el margen fiscal final que resultaría de este déficit del 0,1% dependerá de la evolución económica del próximo año, y se espera que sea superior a los 3.280 millones, ya que los expertos prevén un crecimiento adicional del 2,1% para el siguiente ejercicio.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó esta propuesta durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se discutió la senda fiscal del Gobierno para el periodo 2026-2028. La aprobación de esta senda de objetivos de déficit y deuda es un paso crucial para avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.
En el marco del Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028, que fue acordado con la Comisión Europea a finales de 2024, se establece que el déficit total del país debe reducirse al 2,1% el próximo año. Sin embargo, el reparto de este déficit entre las diferentes administraciones aún está por definirse. El Gobierno cuenta con una mayoría en el CPFF, lo que sugiere que su propuesta podría ser aprobada, incluso si las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) se oponen.
Una vez que se supere este trámite, el Consejo de Ministros podrá aprobar la senda fiscal y el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’. Posteriormente, los objetivos de estabilidad presupuestaria serán enviados al Congreso para su votación, aunque el ‘techo de gasto’ no requiere aprobación legislativa. Si los objetivos son rechazados en una primera votación, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar una nueva propuesta en un plazo de un mes. En caso de un segundo rechazo, los presupuestos de las administraciones deben elaborarse basándose en los objetivos vigentes.
Este proceso se ha vuelto crucial, especialmente considerando que el año pasado se produjo un rechazo similar cuando Junts se unió a los votos negativos del PP y Vox. Desde Junts ya han anticipado su oposición a la propuesta de Hacienda, independientemente de su contenido. Otros socios del Gobierno también tienen programadas reuniones con Hacienda para definir su postura, aunque ya se prevé que la propuesta inicial podría no prosperar debido a la oposición de los posconvergentes.
Las administraciones públicas han tenido que elaborar sus cuentas anuales basándose en objetivos fiscales más estrictos que los que el Gobierno ha propuesto. La senda fiscal actual establece un objetivo de déficit del 2,5% para el próximo año, siendo particularmente generosa con la Administración Central del Estado, que tiene un objetivo del 2,8% para 2025 y 2026. En contraste, para las comunidades autónomas, se ha fijado un superávit del 0,1% en 2025 y 2026, mientras que Hacienda había propuesto suavizarlo a un déficit del 0,1% hasta 2027. Las corporaciones locales también tienen un objetivo de superávit del 0,1% y 0,2%, en oposición a la propuesta de equilibrio fiscal que fue rechazada.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha logrado aprobar ninguna nueva ley de Presupuestos del Estado en la actual legislatura, y los últimos presupuestos aprobados fueron los del ejercicio 2023, que ya han sido prorrogados dos veces para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda, así como la aprobación de la regla de gasto para el próximo año, debían haberse concretado antes del 30 de junio, según lo estipulado por la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Estos pasos son esenciales para cumplir con otro plazo legal que obliga a las administraciones a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario antes del 1 de agosto.
Además, el Gobierno debería haber presentado el proyecto de cuentas a las Cortes antes del 30 de septiembre, aunque en Hacienda no garantizan que esto se cumpla antes de que finalice el año, lo que podría complicar aún más la situación. La estrategia del Gobierno parece centrarse en ganar tiempo para negociar y, al mismo tiempo, hacer concesiones a Junts, avanzando en los acuerdos pendientes del pacto de investidura.
