En octubre de 2024, el Ayuntamiento de Badalona llevó a cabo una intervención que reveló una alarmante situación de infraviviendas en la ciudad. Se trataba de 18 habitáculos de apenas 15 metros cuadrados, carentes de ventilación, salidas de emergencia y con instalaciones eléctricas deficientes. Estas viviendas eran ocupadas por 16 familias que pagaban una media de 450 euros mensuales, un precio que variaba según el número de inquilinos. Lo más preocupante es que estas infraviviendas estaban ubicadas en lo que solía ser un local comercial y un almacén, lo que pone de manifiesto la falta de escrúpulos de algunos propietarios en su búsqueda de beneficios económicos a costa de la dignidad humana.
El descubrimiento de estas condiciones de vida inaceptables llevó al Ayuntamiento a actuar rápidamente. El 21 de octubre de 2024, se precintaron las infraviviendas y se iniciaron los trámites para sancionar al empresario responsable, quien incluso había comercializado estos espacios a través de una inmobiliaria. La situación fue tan grave que la Fiscalía de Barcelona decidió abrir diligencias para investigar la responsabilidad de la empresa que promovía el alquiler de estas infraviviendas, que albergaban a familias con menores en su interior.
### La Reacción del Ayuntamiento y la Comunidad
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, mostró su indignación durante la intervención, describiendo los espacios como «madrigueras» y condenando la explotación habitacional. Albiol enfatizó que en Badalona no se tolerarían ocupaciones ilegales ni prácticas empresariales que atenten contra la dignidad de las personas. La falta de licencias adecuadas y las obras realizadas en el local para dividirlo en pequeños apartamentos fueron señaladas como pruebas de la profesionalización del empresario en la explotación de la vivienda.
«¿Hasta qué punto se puede ser tan salvaje como para jugar con la miseria de la gente?», se lamentó el alcalde. En su discurso, también mencionó que el Ayuntamiento estaba dispuesto a imponer sanciones que podrían oscilar entre 10 y 12 millones de euros al empresario, subrayando la firmeza de la administración en la lucha contra estas prácticas. Sin embargo, a pesar de las acciones del consistorio, los expedientes abiertos aún se encontraban en proceso administrativo, lo que generaba incertidumbre sobre su resolución.
La ley española otorga a las administraciones locales la capacidad de declarar una vivienda como infravivienda si no cumple con las condiciones básicas de habitabilidad. Esto incluye aspectos de seguridad estructural, higiene y salud, así como accesibilidad. En este contexto, los ayuntamientos pueden ordenar la rehabilitación, el desalojo o incluso la demolición de inmuebles que representen un riesgo para sus ocupantes. En el caso de alquileres, se puede anular el contrato o sancionar al propietario si se alquila un inmueble no habitable.
### Desalojo y Futuro de los Afectados
A pesar de las medidas iniciales del Ayuntamiento, la situación de los residentes se complicó. Durante el precinto, el alcalde Albiol aseguró que el consistorio ayudaría a aquellos que enfrentaran dificultades para encontrar una nueva vivienda. «Son hombres, mujeres y familias trabajadoras, sobre todo inmigrantes, no son okupas», aclaró en un intento de humanizar la situación de los inquilinos. Sin embargo, a pesar de las promesas de apoyo, algunos de los habitantes se negaron a abandonar sus hogares, lo que llevó a un desalojo judicial a mediados de diciembre de 2024.
Este desalojo fue ordenado por un juez, quien determinó que la obligación de proporcionar alojamiento a los afectados recaía en el propietario que les había alquilado los pisos. Esta decisión subraya la complejidad del problema de la vivienda en Badalona y en muchas otras ciudades de España, donde la falta de opciones asequibles y la explotación de la necesidad habitacional son cuestiones críticas.
La situación en Badalona es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas áreas urbanas en el país. La presión sobre el mercado de la vivienda, combinada con la creciente demanda de espacios asequibles, ha llevado a situaciones donde la dignidad humana se ve comprometida por la búsqueda de lucro. La intervención del Ayuntamiento y la Fiscalía es un paso importante hacia la protección de los derechos de los inquilinos, pero queda mucho por hacer para garantizar que situaciones como estas no se repitan en el futuro.
