La reubicación de menores migrantes en España ha generado un intenso debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Este conflicto se ha intensificado en la reciente Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, donde se discutieron los mecanismos para la reubicación de menores que han llegado a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. En esta reunión, se evidenciaron las diferencias entre el plan del Gobierno y las demandas de las comunidades, especialmente en lo que respecta a la creación de centros tutelados y la reducción de las ratios de menores por trabajador social.
La situación se ha vuelto más compleja debido a la oposición de comunidades como Euskadi, que ha manifestado su desacuerdo con el decreto que el Gobierno está preparando. Según fuentes presentes en la reunión, Euskadi ha dejado claro que su oposición no es solo una cuestión de forma, sino que también se relaciona con la confianza en el sistema de acogida. Esta postura se suma a la de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han presentado alegaciones en contra del plan del Ejecutivo. Las alegaciones abarcan desde preocupaciones sobre la «invasión competencial» hasta el impacto económico y la contradicción de promover la desinstitucionalización del modelo mientras se requiere la creación de miles de nuevas plazas de acogimiento.
A pesar de que el ministerio ha decidido retirar este punto del orden del día, se ha afirmado que el proceso de reubicación seguirá su curso. Desde el Gobierno, se ha lamentado la negativa del PP a participar en un diálogo constructivo, acusándolos de boicotear el proceso. Este conflicto pone de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de atender a los menores migrantes y las diferencias políticas que complican la implementación de un sistema de acogida efectivo.
### Protocolo Común para el Acogimiento de Menores
El real decreto que se está elaborando tiene como objetivo establecer protocolos comunes para las comunidades autónomas en sus sistemas de acogida de menores tutelados. Uno de los principales objetivos es estandarizar el sistema, estableciendo exigencias mínimas en relación con el tipo de centros, infraestructuras y itinerarios formativos. Además, se busca reducir las ratios de menores por trabajador social, lo que es fundamental para mejorar la calidad del sistema de acogida.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la intención de eliminar los denominados «macrocentros». Estos centros, que albergan a un gran número de menores, han sido objeto de críticas por las condiciones en las que se encuentran los niños y la falta de atención personalizada. El Gobierno busca, con esta medida, elevar la calidad del sistema de acogida, asegurando que cada menor reciba la atención adecuada y necesaria para su desarrollo.
Además, se contempla la creación de un régimen sancionador para las comunidades que no se ajusten a los nuevos protocolos o que incumplan la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones realizadas. Este enfoque busca garantizar que todas las comunidades trabajen en conjunto para mejorar el sistema de acogida y que se establezcan mecanismos de coordinación entre administraciones.
### Nuevas Transferencias y Recursos para la Atención de Menores
En medio de este contexto, el Gobierno ha anunciado una nueva transferencia de 13 millones de euros a las comunidades autónomas de Canarias, Ceuta y Melilla, que se encuentran en situación de contingencia migratoria. Esta transferencia se suma a los 22 millones de euros que ya se habían acordado en una conferencia sectorial anterior. La asignación de estos recursos es crucial para garantizar que las comunidades puedan atender adecuadamente a los menores migrantes que llegan a sus territorios.
Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. Las comunidades autónomas han expresado su preocupación por la sostenibilidad del sistema de protección y han solicitado más recursos para hacer frente a la creciente llegada de menores migrantes. La presión sobre el sistema de acogida es cada vez mayor, y las comunidades deben encontrar un equilibrio entre atender a los menores y mantener la calidad de los servicios ofrecidos.
La reubicación de menores migrantes en España es un tema que requiere un enfoque colaborativo y coordinado entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La creación de un sistema de acogida efectivo y sostenible es fundamental para garantizar el bienestar de los menores y su integración en la sociedad. A medida que se avanza en este proceso, será crucial que todas las partes involucradas trabajen juntas para encontrar soluciones que beneficien a los menores y a las comunidades que los acogen.
