La reciente aprobación de un dictamen en el Parlamento Europeo ha puesto de relieve la necesidad de abordar las responsabilidades políticas en la gestión de desastres naturales. Este dictamen, que moviliza 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, no solo representa un apoyo financiero, sino que también subraya la importancia de la responsabilidad en la prevención y gestión de crisis climáticas. La enmienda propuesta por el eurodiputado Vicent Marzà ha sido clave en este proceso, destacando que las autoridades locales, regionales y nacionales deben asumir su parte de responsabilidad en la gestión de desastres como la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en 2024.
La DANA, que se traduce en «Depresión Aislada en Niveles Altos», provocó una serie de inundaciones devastadoras en la región, resultando en la pérdida de 229 vidas y daños estimados en 18.080 millones de euros. Este evento no solo dejó a miles de hogares sin electricidad y agua potable, sino que también afectó gravemente a infraestructuras esenciales, incluyendo escuelas y centros de salud. La magnitud de esta tragedia ha llevado a la Unión Europea a considerar esta catástrofe como una «catástrofe natural grave», lo que permite la movilización de fondos significativos para la recuperación.
El dictamen aprobado también incorpora el principio de «reconstrucción resiliente», conocido como «build back better», que implica no solo reparar los daños, sino hacerlo de manera que se eviten errores del pasado. Marzà ha enfatizado que es crucial no reconstruir en zonas propensas a inundaciones, ya que esto solo perpetuaría el ciclo de desastres. La necesidad de inversiones en adaptación y mitigación climática se ha vuelto más urgente que nunca, y el dictamen busca asegurar que los fondos europeos no solo reparen, sino que también prevengan futuros desastres.
La respuesta de la Unión Europea a esta crisis ha sido recibida con satisfacción, pero también con un llamado a la acción. Las autoridades deben trabajar en conjunto para garantizar que se implementen medidas efectivas que protejan a los ciudadanos y sus bienes. La responsabilidad política no puede ser ignorada, y es fundamental que todos los niveles de gobierno se comprometan a mejorar la preparación ante emergencias y a invertir en infraestructuras más seguras.
La magnitud de los daños causados por la DANA ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchas regiones ante el cambio climático. La Comisión Europea ha señalado que la catástrofe superó el umbral de «catástrofe natural grave» para España, lo que resalta la necesidad de un enfoque más proactivo en la gestión de riesgos. La inversión en infraestructura resiliente y la planificación adecuada son esenciales para mitigar el impacto de futuros desastres.
La enmienda de Marzà, que fue aprobada con 31 votos a favor y una abstención, es un paso significativo hacia la creación de un marco más robusto para la gestión de desastres en Europa. Este enfoque no solo busca reparar los daños causados por eventos climáticos extremos, sino también establecer un precedente para la responsabilidad política en la prevención de tales desastres. La Unión Europea ha dejado claro que la solidaridad con sus ciudadanos implica también un compromiso con la responsabilidad y la acción efectiva.
En este contexto, es crucial que los gobiernos locales y regionales tomen en serio las advertencias y recomendaciones que surgen de este dictamen. La falta de acción puede resultar en consecuencias devastadoras, no solo para las comunidades afectadas, sino también para la reputación y la credibilidad de las instituciones políticas. La gestión de desastres no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad para construir un futuro más seguro y sostenible.
La movilización de fondos del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es un paso positivo, pero debe ir acompañada de un compromiso real por parte de todos los niveles de gobierno para garantizar que se implementen las lecciones aprendidas de la DANA. La reconstrucción debe ser un proceso que no solo se enfoque en la reparación, sino que también contemple la creación de comunidades más resilientes y preparadas para enfrentar los desafíos del cambio climático.
La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva que involucre a todos los actores relevantes. La responsabilidad política debe ser un pilar fundamental en la gestión de desastres, y la Unión Europea tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo. La historia de la DANA en la Comunidad Valenciana debe servir como un recordatorio de la importancia de la preparación y la acción proactiva ante el cambio climático, y de la necesidad de un compromiso colectivo para proteger a las comunidades más vulnerables.
