Octubre es un mes clave para la política fiscal en España, ya que es cuando los ayuntamientos suelen aprobar las ordenanzas fiscales que se aplicarán el año siguiente. En 2025, la tasa de basuras se ha convertido en el tema central de discusión, impulsada por un cambio legal que obliga a las administraciones locales a aumentar este impuesto para cubrir los costos de los servicios de recogida y gestión de residuos. Un estudio reciente del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos ha revelado que la subida media de este tributo es del 16%, marcando la mayor alza en la última década.
La nueva regulación se deriva de la Ley 7/2022, que establece un marco para la gestión de residuos y suelos contaminados en una economía circular. Esta ley, a su vez, implementa una directiva europea de 2018, lo que significa que la obligación de aumentar la tasa de basuras proviene de un mandato europeo. Según el estudio, la tasa media se sitúa en 116,32 euros por hogar en 2025, lo que ha generado un debate intenso entre los ciudadanos y los políticos sobre la equidad y la necesidad de este incremento.
### La Aplicación de la Tasa de Basuras en los Municipios
Todos los municipios de España están obligados a implementar la tasa de basuras, con un plazo establecido hasta el 10 de abril de 2025 para tener sus ordenanzas fiscales en funcionamiento. Este año marca el inicio de la recaudación bajo la nueva normativa, lo que implica que los ayuntamientos deben cubrir el 100% de los costos de los servicios de recogida y gestión de residuos. Esto representa un cambio significativo, ya que anteriormente la tasa podía ser deficitaria, lo que ha llevado a un aumento en la cuota para garantizar que se cubran todos los gastos.
Cada ayuntamiento tiene la autonomía para decidir cómo calcular la tasa en su localidad. En el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, la mayoría de los municipios optan por calcular la cuota en función del consumo de agua. Según el estudio, un 37,40% de los municipios analizados aplican una cuota fija, que puede combinarse con otros factores como la localización del inmueble, su superficie, valor catastral, número de habitantes y consumo de agua. Sin embargo, algunos expertos critican este enfoque, argumentando que estos parámetros no garantizan una correlación precisa con la generación de residuos.
### Destino de los Ingresos Generados
Los ingresos recaudados por la tasa de basuras son íntegramente gestionados por los ayuntamientos, que están obligados a destinarlos exclusivamente a financiar los servicios de recogida y gestión de residuos. La ley establece que la tasa debe ser «específica, diferenciada y no deficitaria», lo que significa que debe cubrir la totalidad de los costos del servicio, incluyendo la recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Esto contrasta con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyos ingresos se destinan a un fondo común del ayuntamiento.
Actualmente, la media de cobertura de costos de la tasa se sitúa en un 65%, lo que indica que muchos municipios aún no están cumpliendo con la exigencia legal de alcanzar el 100%. Esto ha llevado a un aumento en la presión sobre los ayuntamientos para ajustar sus tasas y garantizar que se cubran todos los costos asociados con la gestión de residuos.
La variabilidad en las tasas de basuras entre diferentes municipios es notable. Un análisis realizado por la Fundació ENT establece un ‘hogar tipo’ con características comunes en España, como un valor catastral de 64.295 euros y una superficie de 75 metros cuadrados. Con estos parámetros, se ha observado que las tasas anuales pueden variar significativamente, con diferencias de hasta 230 euros entre distintas capitales de provincia. Las ciudades con las tasas más altas incluyen València, Girona y Tarragona, mientras que Toledo, Palencia y León presentan las tasas más bajas.
Este panorama fiscal ha generado un debate sobre la equidad de la tasa de basuras y su impacto en los ciudadanos, especialmente en un contexto donde muchos hogares enfrentan dificultades económicas. La implementación de esta tasa, aunque necesaria para garantizar la sostenibilidad de los servicios de residuos, plantea preguntas sobre la capacidad de los ciudadanos para asumir estos costos adicionales y la transparencia en la gestión de los ingresos recaudados. A medida que se acerca la fecha límite para la implementación de la nueva tasa, los ayuntamientos deberán encontrar un equilibrio entre la necesidad de financiar adecuadamente los servicios y la capacidad de sus ciudadanos para afrontar estos gastos.
