En un contexto de creciente preocupación por la crisis de vivienda en Cataluña, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que su gobierno está considerando la prohibición de la compra especulativa de vivienda. Esta medida, que se ha discutido en el Parlament, surge tras el rechazo de su plan para construir más de 200.000 viviendas, lo que ha llevado a Illa a buscar alternativas para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
La propuesta de prohibición de la compra especulativa ha sido impulsada por la CUP, que ha instado al Govern a actuar con rapidez para proteger a los ciudadanos de los efectos negativos de la especulación inmobiliaria. Durante la sesión de control en el Parlament, Illa destacó que su administración está comprometida con la idea de que la vivienda debe ser un derecho y no un mero objeto de inversión. Este enfoque ha resonado con varios partidos de izquierda, que ven en la regulación del mercado inmobiliario una forma de frenar la crisis habitacional que afecta a muchas familias.
### La Viabilidad Legal de la Prohibición
Un informe encargado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha respaldado la idea de que es legalmente viable limitar la compra de viviendas en zonas de mercado residencial tensionado. Este informe ha sido un punto clave en la discusión, ya que proporciona un marco legal que podría permitir al Govern implementar restricciones a la compra de propiedades por parte de inversores que no tienen la intención de residir en ellas. La diputada Laure Vega, de la CUP, ha enfatizado la importancia de este informe, señalando que la prohibición de la compra especulativa no solo es necesaria, sino también constitucionalmente viable.
Illa ha manifestado que su gobierno está abierto a estudiar esta medida, pero ha subrayado la necesidad de hacerlo con cautela y seguridad. «Ponemos por delante de todo la vivienda como derecho. Hemos demostrado ambición en las medidas, aunque queremos estudiarlas bien e ir con seguridad», afirmó el president. Esta declaración refleja la intención del Govern de abordar la crisis de vivienda de manera responsable, aunque también ha generado críticas por parte de aquellos que exigen acciones más inmediatas y decisivas.
### La Respuesta de la Oposición y el Contexto Político
La oposición, en particular Junts y ERC, ha aprovechado la situación para criticar la gestión de Illa en materia de vivienda. Junts ha cuestionado la falta de acción del president, acusándolo de no tomar una postura firme ante la crisis de vivienda y de priorizar otros intereses. Por su parte, ERC ha instado a Illa a utilizar su influencia sobre el Gobierno central para garantizar la protección de los autónomos y abordar la cuestión de la vivienda de manera más efectiva.
En este contexto, la creación de una oficina antidesahucios y la implementación de un registro de grandes tenedores de propiedades son otras medidas que el Govern está considerando. Estas iniciativas buscan proporcionar un marco más sólido para la protección de los inquilinos y la regulación del mercado de alquileres, que también ha sido objeto de debate en el Parlament.
La discusión sobre la prohibición de la compra especulativa de vivienda se enmarca en un panorama político complejo, donde los partidos de izquierda han mostrado un apoyo unánime a la intervención en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la implementación de estas medidas dependerá de las negociaciones en torno a los presupuestos de 2026, donde se espera que la vivienda sea un tema central.
El Govern de Illa se enfrenta a un desafío significativo en su intento de equilibrar las demandas de los ciudadanos por un acceso asequible a la vivienda con las presiones políticas de la oposición. A medida que avanza la discusión sobre la prohibición de la compra especulativa, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y qué medidas concretas se implementarán para abordar la crisis de vivienda en Cataluña.
