La crisis de la vivienda en España ha alcanzado un punto crítico, convirtiéndose en uno de los temas más debatidos en la esfera política. La situación se ha agravado por el aumento de los precios de los alquileres y la dificultad de acceso a la compra de vivienda, lo que ha llevado a miles de ciudadanos a manifestarse en las calles. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), este tema se ha posicionado como la principal preocupación de la ciudadanía, lo que ha obligado a los partidos políticos a abordar la cuestión con urgencia. Sin embargo, a pesar de la presión social, las iniciativas legislativas en el Congreso parecen estar estancadas debido a la compleja aritmética parlamentaria y los desacuerdos entre los socios del Gobierno.
La actual legislatura ha sido apodada por algunos como la ‘legislatura de la vivienda’, reflejando la importancia que este asunto ha adquirido en el debate político. A pesar de que se han presentado hasta seis iniciativas legislativas para abordar la crisis, muchas de ellas permanecen sin avanzar. Las negociaciones entre los diferentes partidos han sido arduas, y la distancia ideológica entre los aliados del PSOE, como PNV y Junts, y los partidos de izquierda como ERC, Podemos y Sumar, ha dificultado la búsqueda de consensos.
Uno de los pocos acuerdos alcanzados en el Congreso fue en diciembre del año pasado, cuando se logró avanzar en la regulación de los alquileres temporales. Esta norma busca otorgar a los inquilinos los mismos derechos que tienen aquellos con contratos de vivienda habitual. Sin embargo, el texto se encuentra bloqueado desde mayo, con una serie de enmiendas presentadas por el PSOE, Junts y PNV que han impedido su progreso. Recientemente, se ha debatido una proposición de ley presentada por EH Bildu que obligaría a las plataformas digitales, como Airbnb, a solicitar un número de registro y licencia a los anunciantes de viviendas de uso turístico, con el objetivo de evitar la redirección ilegal de propiedades al mercado turístico.
A pesar de estos avances, la situación legislativa sigue siendo complicada. Existen otras cuatro proposiciones de ley registradas que buscan abordar la crisis de la vivienda, pero sus autores aún no se han atrevido a llevarlas a debate. Entre ellas, destaca la propuesta del PSOE que plantea la creación de un nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales para extranjeros no residentes que compren propiedades en España, así como desgravaciones fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres por debajo del precio de mercado. Sin embargo, esta iniciativa fue rápidamente desestimada por otros partidos, lo que refleja la falta de consenso en torno a las soluciones a la crisis.
Por su parte, Sumar y Podemos han presentado sus propias propuestas, que incluyen reformas a la Ley de Vivienda y modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estas propuestas buscan prohibir a las personas jurídicas adquirir inmuebles residenciales y establecer contratos de alquiler de duración indefinida. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido debatida, lo que pone de manifiesto la parálisis legislativa en torno a un tema tan crítico.
La falta de acción legislativa en el ámbito de la vivienda ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad del Gobierno y su capacidad para abordar las preocupaciones de la ciudadanía. A medida que la crisis se agrava, el descontento social crece, y las manifestaciones en las calles son un claro indicativo de la urgencia de soluciones efectivas. La creación de un Observatorio de la Vivienda Turística, anunciada recientemente por el presidente Pedro Sánchez, es un intento de abordar la situación, pero muchos consideran que se necesita un enfoque más integral y decisivo para resolver la crisis de la vivienda en España.
La situación actual pone de relieve la necesidad de un diálogo constructivo entre los diferentes actores políticos y la sociedad civil. La crisis de la vivienda no solo afecta a quienes buscan un hogar, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía y la cohesión social. La falta de vivienda asequible puede llevar a un aumento de la desigualdad y a la gentrificación de barrios enteros, lo que a su vez puede provocar tensiones sociales.
En este contexto, es fundamental que los partidos políticos encuentren un terreno común y trabajen juntos para desarrollar políticas efectivas que aborden la crisis de la vivienda. La ciudadanía espera respuestas concretas y soluciones que permitan garantizar el derecho a la vivienda, un derecho fundamental que debería estar al alcance de todos. La presión social y las manifestaciones son un recordatorio constante de que la vivienda es un tema que no puede ser ignorado, y que la acción legislativa es más urgente que nunca.
