La costa catalana se enfrenta a una crisis que amenaza la existencia de numerosos clubes náuticos, debido a la aplicación de la ley de Costas. Esta normativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca liberar el dominio público marítimo-terrestre de edificaciones privadas, pero ha generado un gran descontento entre las entidades afectadas. Desde el Alt Empordà hasta el Ebro, más de 40 clubes y restaurantes emblemáticos están en riesgo de demolición, lo que ha encendido las alarmas en un sector profundamente arraigado en la cultura y economía local.
La ley de Costas ha llevado a la desaparición de varios clubes históricos, como el Club Nàutic de Pineda de Mar y el de Cabrera de Mar, que ya han sido demolidos. En este contexto, el Club de Mar de Sitges se ha convertido en uno de los casos más mediáticos, enfrentándose a una orden de desalojo inminente. Fundado en 1952, este club logró posponer su demolición durante el verano, pero ahora se encuentra en una carrera contra el tiempo, con una fecha de desalojo programada para el 20 de octubre. Gemma Marcé, presidenta del club, ha expresado su preocupación por la falta de soluciones efectivas y la arbitrariedad en la aplicación de la ley, señalando que otros establecimientos cercanos aún no han recibido órdenes similares.
### La Respuesta de los Clubes y la Política Local
Ante esta situación, los clubes náuticos han comenzado a buscar resquicios legales para evitar el cierre. Junts per Catalunya está negociando con el ministerio para encontrar una solución que permita la continuidad de estos clubes. Además, se ha propuesto una nueva ley en el Congreso que podría ofrecer excepciones para los clubes de playa tradicionales, permitiendo que mantengan su actividad sin ser afectados por la ley de Costas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de varios partidos, incluyendo ERC y Junts, aunque aún no se ha concretado.
La Generalitat también ha intentado proteger a algunos clubes mediante la figura de Bien Cultural de Interés Local (BCIL), aunque esta catalogación es insuficiente para garantizar su supervivencia a largo plazo. La falta de una categoría nacional (BCIN) limita las posibilidades de protección efectiva. Algunos clubes, como el de Calafell y Tamariu, han recurrido las órdenes de desalojo, mientras que el Club de Vela de Canet de Mar espera la aprobación de su proyecto de rehabilitación.
La incertidumbre es palpable, y cada entidad busca su propio camino legal para sortear la vulnerabilidad que les impone la ley. En algunos casos, la demarcación de Costas ha rechazado las alegaciones de los ayuntamientos y ha procedido a demoler edificaciones que ocupan el espacio público de la playa. La situación se complica aún más para aquellos clubes que tienen órdenes de desalojo y están a la espera de pronunciamientos judiciales que podrían cambiar el rumbo de su futuro.
### La Perspectiva de los Expertos
Jorge Guillén, investigador del CSIC especializado en la gestión de playas, ha comentado que la ley de Costas afecta a todas las entidades que ocupan espacio público en la zona marítimo-terrestre. Sin embargo, plantea la necesidad de una reflexión más profunda sobre qué implica preservar estos clubes como patrimonio cultural y social. La protección de estas instalaciones no solo implica mantenerlas en pie, sino también garantizar que sean resilientes ante fenómenos climáticos, como los temporales que pueden amenazarlas.
Guillén sugiere que se podrían rediseñar los espacios donde se practican deportes náuticos, utilizando estructuras no rígidas que permitan mantener la concesión del terreno. Esta propuesta podría ser una solución viable para algunos clubes, aunque la implementación de tales cambios requeriría un marco legal flexible y adaptado a las nuevas realidades climáticas.
La situación de los clubes náuticos en Catalunya es un reflejo de un conflicto más amplio entre la conservación del espacio público y la necesidad de mantener tradiciones y actividades que forman parte del tejido social y cultural de la región. La lucha de estos clubes no solo se centra en su supervivencia, sino también en la defensa de un estilo de vida que ha sido parte integral de la comunidad costera catalana durante décadas. A medida que se acercan las fechas de desalojo y demolición, la presión sobre los clubes aumenta, y la búsqueda de soluciones se vuelve más urgente que nunca.
