La situación de las listas de espera en el sistema de salud catalán ha generado un creciente descontento entre los pacientes, quienes enfrentan largas demoras para recibir atención médica. Este es el caso de un vecino de Vidreres, identificado como L.P., quien ha compartido su angustiante experiencia tras ser diagnosticado con hipertrofia de próstata y un tumor en la vejiga. A pesar de que su operación para extraer el tumor se realizó en mayo de 2024, la intervención necesaria para tratar su hipertrofia de próstata aún no ha sido programada, lo que ha llevado a L.P. a vivir un verdadero calvario durante casi dos años.
La historia de L.P. es un reflejo de las dificultades que muchos pacientes enfrentan en el Servei Català de la Salut. Desde su diagnóstico en enero de 2024, no fue incluido en la lista de espera para la operación de próstata hasta agosto de ese mismo año. Durante este tiempo, ha tenido que lidiar con el uso de una sonda urinaria, lo que le ha causado dolor constante, hemorragias y visitas frecuentes a urgencias, algunas de las cuales han requerido hospitalización. En un periodo de cinco meses, L.P. ha necesitado atención médica urgente en al menos siete ocasiones, lo que ha afectado gravemente su salud mental y emocional.
El paciente ha expresado su frustración en varias quejas dirigidas al hospital y al Departament de Salut, señalando que, a pesar de que su intervención es considerada preferente, ha superado con creces el plazo máximo de 90 días establecido para este tipo de operaciones. Según los criterios del Departament de Salut, las intervenciones quirúrgicas se clasifican en tres categorías: preferentes, que deben realizarse en un máximo de 90 días; de prioridad media, con un límite de 180 días; y de prioridad baja, que pueden esperar hasta 365 días. Sin embargo, L.P. ha estado en la lista de espera durante más de un año, lo que claramente infringe estas normativas.
A pesar de sus esfuerzos por obtener respuestas, L.P. ha recibido escasa información y apoyo por parte de las autoridades sanitarias. En una carta de marzo de 2025, el CatSalut reconoció que estaba en lista de espera con prioridad preferente, pero no ofreció una fecha concreta para su operación, limitándose a disculparse y a mencionar que se intentaría programar la cirugía “lo antes posible”. Esta falta de comunicación ha contribuido a la angustia del paciente, quien ha destacado que, aunque ha recibido un trato adecuado por parte del personal médico, la gestión de su caso ha sido deficiente.
La intervención del Síndic de Greuges, una figura encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, ha sido otro intento de L.P. para obtener respuestas. Este organismo ha solicitado explicaciones al CatSalut sobre la demora en la programación de la operación, recordando que la intervención había sido prescrita como preferente. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido avances significativos en su situación.
Recientemente, el hospital Santa Caterina ha confirmado que la operación de L.P. está programada para noviembre de 2025. Aunque esta noticia ha traído un alivio temporal, el paciente sigue preocupado por el impacto que esta larga espera ha tenido en su salud física y mental. La angustia y el sufrimiento que ha experimentado a lo largo de este proceso son un claro ejemplo de las deficiencias que aún persisten en el sistema de salud pública, donde las listas de espera se han convertido en un tema recurrente de quejas y protestas.
La situación de L.P. no es un caso aislado. Muchos otros pacientes en Cataluña enfrentan circunstancias similares, lo que ha llevado a un creciente clamor por reformas en el sistema de salud. La presión sobre los hospitales y centros de salud ha aumentado, y la necesidad de mejorar la gestión de las listas de espera se ha vuelto más urgente que nunca. La falta de recursos, el aumento de la demanda de atención médica y la escasez de personal son solo algunos de los factores que contribuyen a esta crisis.
La experiencia de L.P. pone de manifiesto la importancia de una atención médica oportuna y accesible. La salud no solo se mide en términos de intervenciones quirúrgicas, sino también en la calidad de vida de los pacientes y su bienestar emocional. La espera prolongada para recibir tratamiento puede tener consecuencias devastadoras, no solo para la salud física, sino también para la salud mental de los afectados.
Es fundamental que las autoridades sanitarias tomen medidas efectivas para abordar esta problemática y garantizar que todos los pacientes reciban la atención que necesitan en el momento adecuado. La salud es un derecho fundamental, y es responsabilidad de todos trabajar para que se respete y se proteja.
