La administración pública en Cataluña se encuentra en un proceso de transformación significativo bajo la dirección del Govern de Salvador Illa. Uno de los objetivos más ambiciosos de este mandato es la reforma del funcionamiento de la administración pública, que busca modernizar y profesionalizar la gestión del personal público. Esta iniciativa se materializa a través de varios proyectos de ley, entre los cuales destaca la futura ley de la ocupación pública catalana, que promete cambiar radicalmente la forma en que se seleccionan y gestionan los trabajadores públicos en la región.
### La Necesidad de una Reforma Estructural
La administración pública catalana ha estado regida por un decreto legislativo que data de hace 28 años, junto con normativas secundarias que tienen casi dos décadas de antigüedad. Esta situación ha llevado a una gestión rígida y poco flexible, incapaz de adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad. Desde el Govern, se argumenta que es esencial crear una norma que no solo responda a las exigencias contemporáneas, sino que también tenga una vocación de permanencia, aspirando a durar al menos 25 años.
El nuevo proyecto de ley tiene como objetivo principal establecer un sistema de selección más ágil y eficiente. Se prevé la creación de «órganos permanentes de selección» que se dedicarán exclusivamente a este proceso, lo que permitirá una provisión más rápida de personal cuando sea necesario. Esta medida es especialmente relevante dado que se estima que en los próximos cinco años, alrededor de 24,000 trabajadores públicos se jubilarán, lo que representa un desafío considerable para la administración en términos de reemplazo y continuidad del servicio.
Además, la ley también busca mejorar la movilidad entre administraciones, facilitando que los funcionarios puedan ofrecer sus servicios en diferentes entidades, especialmente en los ayuntamientos más pequeños que a menudo enfrentan dificultades para cubrir sus plazas. Esta flexibilidad es crucial para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso a servicios públicos de calidad.
### Inclusión y Transparencia en el Nuevo Modelo
Otro aspecto fundamental de la nueva normativa es la implementación de medidas que promuevan la igualdad efectiva y la transparencia en la administración pública. Se prevé la creación de planes de igualdad y protocolos contra el acoso, así como la instauración de una plataforma única donde se publiquen todas las ofertas de trabajo público disponibles en Cataluña. Esta iniciativa no solo busca mejorar la visibilidad de las oportunidades laborales, sino que también pretende fomentar un entorno laboral más justo y equitativo.
El enfoque hacia la inclusión también se extiende a las personas con discapacidad, con la intención de revisar y adaptar el modelo de acceso a la administración pública para garantizar que todos tengan la oportunidad de participar en el sector público. Este enfoque inclusivo es vital para construir una administración que refleje la diversidad de la sociedad catalana.
La recepción de esta propuesta ha sido positiva hasta ahora. Desde el departamento de Presidència, se han incorporado más de 250 aportaciones externas al proyecto de ley, lo que demuestra un esfuerzo por construir un consenso amplio. Las reuniones con asociaciones municipalistas y sindicatos han sido parte de este proceso, y se espera que la colaboración continúe a medida que la ley avance en su tramitación parlamentaria.
Los sindicatos, como CCOO, han expresado su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de mejorar la movilidad, la transparencia y la democratización en el acceso a la administración pública. Sin embargo, también han planteado demandas adicionales, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas y un aumento en los salarios, lo que refleja la necesidad de abordar no solo la estructura, sino también las condiciones laborales de los empleados públicos.
A medida que se acerca la fecha para la presentación del anteproyecto ante el Parlament, se intensifican las negociaciones políticas que determinarán el futuro de esta reforma. La administración pública catalana se encuentra en un punto de inflexión, y el éxito de esta ley podría marcar un cambio significativo en la forma en que se gestionan los recursos humanos en el sector público, impactando directamente en la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. La implementación de estas reformas no solo es un paso hacia la modernización de la administración, sino también un compromiso con la mejora continua y la adaptación a las necesidades de la sociedad actual.
