La reciente ola de megaincendios en España ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de un Pacto de Estado por la emergencia climática. Este acuerdo, que ha sido demandado por la sociedad civil y la comunidad científica desde hace dos años, se presenta como una oportunidad única para abordar la crisis climática de manera efectiva y justa. Sin embargo, su éxito dependerá de la participación activa de la ciudadanía y de un compromiso real por parte de los partidos políticos.
La magnitud de los incendios forestales que han asolado diversas regiones del país ha llevado al Gobierno a reaccionar de manera apresurada. El anuncio de un Pacto por la emergencia climática, realizado por el presidente Pedro Sánchez, llega en un momento crítico, donde la presión social y la evidencia científica no pueden ser ignoradas. Este pacto, aunque tardío, puede ser un paso hacia la construcción de un futuro más sostenible, siempre que se base en la participación ciudadana vinculante.
La propuesta de establecer Asambleas Ciudadanas por el Clima a nivel autonómico y local es fundamental. Estas asambleas deben ser órganos permanentes de deliberación y decisión, donde la voz de la ciudadanía sea escuchada y tenida en cuenta. En otros países europeos, este modelo ha demostrado ser efectivo, permitiendo a la población participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. La experiencia en España, sin embargo, ha sido diferente. A pesar de la declaración de emergencia climática en 2020, los partidos políticos no han logrado conectar con una mayoría social que comprenda la gravedad de la crisis y esté dispuesta a aceptar transformaciones profundas.
El Partido Popular (PP), que inicialmente rechazó el Pacto de Estado, ha comenzado a mostrar interés en participar en las negociaciones. Esta apertura representa una oportunidad para que el PP se distancie de sus pactos con Vox y adopte una postura más responsable en cuestiones ambientales. Sin embargo, este cambio debe ir más allá de la retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren un compromiso genuino con la sostenibilidad y la justicia social.
Por otro lado, la izquierda española también enfrenta un desafío. A pesar de tener la oportunidad de liderar un movimiento hacia un “frente verde” popular y transversal, los partidos como PSOE, Podemos y Sumar no han logrado conectar con la ciudadanía de manera efectiva. La falta de un modelo alternativo al oligopolio energético y la desconexión con las luchas locales han generado desafección entre su electorado. La reciente crisis de confianza en las grandes ONG y el ecologismo social es un reflejo de esta desconexión. Muchos ciudadanos sienten que las organizaciones que deberían defender sus intereses no están a la altura de las circunstancias.
El ecologismo social, atrapado en una “burbuja verde” profesionalizada, se enfrenta a un reto inédito. La falta de apoyo a las luchas locales y la desconexión con la ciudadanía han erosionado la confianza en estas organizaciones. La reciente crítica de colectivos territoriales hacia grandes ONG como Greenpeace y WWF resalta la necesidad de un cambio en la forma en que se aborda la crisis climática. La propuesta de un Parlamento Ciudadano Climático Permanente, presentada por Greenpeace España y Oxfam, es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la voluntad de las grandes ONG de trabajar colectivamente y renovar su propuesta de cambio democrático.
La desconexión entre el ecologismo y la ciudadanía es un problema que debe ser abordado de inmediato. Si el ecologismo no logra construir un pacto real con la democracia climática, estará condenado al fracaso. La emergencia climática debe convertirse en un relato democrático mayoritario que desafíe los intereses dominantes y genere adhesión transversal. La movilización de miles de personas en Valencia y en otras regiones del país demuestra que existe un deseo de cambio, pero este debe ser canalizado de manera efectiva.
La credibilidad de los partidos políticos, las instituciones y las ONG está en juego. La ciudadanía no aceptará políticas climáticas ambiciosas que transformen sus vidas cotidianas sin tener voz ni voto en su diseño y ejecución. Por lo tanto, es crucial que el Pacto de Estado por la emergencia climática sea honesto, amplio y, sobre todo, ciudadano. La participación activa de la sociedad civil es esencial para garantizar que las decisiones tomadas sean verdaderamente representativas y efectivas en la lucha contra la crisis climática.
En este contexto, el futuro del ecologismo y de la política ambiental en España dependerá de la capacidad de los actores involucrados para trabajar juntos y construir un consenso en torno a la emergencia climática. La oportunidad de crear un pacto que realmente refleje las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía está sobre la mesa. Ahora es el momento de actuar y de asegurar que la voz de todos sea escuchada en la lucha por un futuro sostenible.
